El fomento de la participación ciudadana es una obligación como derecho reconocido en el marco jurídico y una necesidad para nuestros gobiernos. Así, en estos últimos años emerge con fuerza en un contexto político y social complejo donde los retos sociales requieren no sólo de políticas públicas para la ciudadanía sino de la implicación activa de la misma en su diseño e implantación.